significa que estos programas han sido creados sobre la foundation de pruebas científicas actuales, han sido rigurosamente probados y se ha comprobado que producen resultados positivos. Los científicos han diseñado una amplia gama de programas que regulan positivamente el equilibrio entre los factores de riesgo y los factores de protección para el consumo de drogas en las familias, las escuelas y las comunidades.
Las intervenciones basadas en la investigación para tratar el consumo de drogas pueden generar ahorros para la comunidad en términos de costos médicos y ayudar a los individuos a continuar siendo miembros productivos de la sociedad.
Visto en el contexto latinoamericano, “Chile tiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región y sigue siendo uno de los países ejemplares en términos de baja criminalidad, un sistema judicial que funciona muy bien y bajos niveles de corrupción”, observa Dalby.
Dos fenómenos contribuyeron mucho a esa connivencia entre la economía authorized y la ilegal: la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las transformaciones de los canales de introducción de la cocaína en Estados Unidos. La firma del TLCAN tuvo como consecuencia un aumento en el tráfico de camiones entre México y EEUU para transportar productos fabricados en las maquiladoras o mercancías agrícolas.
En una zona de alto nivel adquisitivo de la ciudad, plagada de embajadas y representaciones diplomáticas, decenas de hombres dirigieron una impresionante balacera contra el jefe de policía.
Lo cierto es que desde principios de noviembre las manifestaciones de protesta en Guerrero y en otros lugares del país se multiplicaron y se hicieron masivas, tomando a veces formas violentas. El acontecimiento hizo nacer una desconfianza sin precedente respecto de la clase política mexicana, cuyas reacciones fueron particularmente lamentables, apelando unos y otros solo a discursos en los que acusan a sus competidores de corrupción y de connivencia con los narcos y se declaran inocentes de todo vínculo con tales prácticas, cuando resulta evidente que las responsabilidades son colectivas, porque todos, más allá de sus desparpajos, cubrieron los lazos entre sus funcionarios y el crimen organizado, o peor aún, como en el caso del PRD de Iguala, aceptaron en sus filas no a políticos corruptos sino a criminales que buscaban convertirse en hombres políticos (el episodio provocó la renuncia al PRD del histórico Cuauhtémoc Cárdenas). Algunos editorialistas consideran, no sin razón, que México está al borde del caos y que solo cambios radicales en la política de lucha contra el crimen organizado y en el seno de la clase política le permitirían emerger del sangriento callejón sin salida en el que el país está inmerso.
El aumento en la interdicción en el Caribe y el arresto de líderes de carteles colombianos les permitió a los traficantes mexicanos comenzar a tomar las riendas de la distribución de estupefacientes a finales de la década de 1990. La ofensiva contra el narcotráfico lanzada por el presidente mexicano Felipe Calderón después de 2006, obligó a los narcotraficantes a importar mayores cantidades de drogas a Centroamérica para luego transportarla hacia el norte por tierra.
Todavía se precisa una mano de obra poco calificada para cosechar la marihuana y el opio, y luego para transportarlos en las espaldas atravesando el desierto fronterizo. Esta mano de obra es ahora mucho más numerosa, y en muchas ocasiones proviene de las regiones del sur del país o de América Central. Pero junto con ella ha surgido un particular calificado y a veces salido de las mejores escuelas: ingenieros y técnicos agrícolas, químicos y contadores. Aunque muchos sicarios y guardaespaldas de los narcotraficantes tienen poco o ningún entrenamiento, hay otros que son ex-militares guatemaltecos o mexicanos, que vienen de los cuerpos de elite de estos dos ejércitos. No solo son combatientes aguerridos, sino también especialistas en transmisiones o en escuchas; y además de armamento sofisticado, utilizan sistemas de transmisión que nada tienen que envidiar a los de la Policía o el Ejército.
Pero si bien la difuminación de las fronteras entre lo lawful y lo ilegal alcanzó su apogeo mientras los enfrentamientos entre los diferentes grupos de narcotraficantes permanecieron limitados y circunscriptos, la proliferación de arreglos de cuentas sangrientos, así como la «guerra» contra el crimen organizado lanzada por Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, de ninguna manera ha puesto fin a las imbricaciones entre la economía de la droga y sus «actividades de refuerzo». Estas imbricaciones se han vuelto más discretas y algunas han llegado a ser más weblink difíciles de identificar. La «buena sociedad» ya no se mezcla con el mismo impudor con el crimen organizado. Como ha mostrado Salvador Maldonado en uno de sus últimos trabajos sobre Michoacán, la escalada de violencia durante el mandato de Calderón tuvo como efecto paradójico desdibujar las fronteras entre quienes detentan legítimamente la autoridad y ciertas organizaciones criminales16.
Finalmente, si el caso llega a juicio, se deben seguir los procedimientos establecidos por la ley. Durante el juicio, el detenido tiene derecho a ser representado por un abogado y a presentar pruebas en su defensa.
Trejo y Ley explican que las redes de cooperación existentes contribuyen a que el negocio subsista, por ejemplo, con el suministro de información o la no realización de controles necesarios en las rutas de salida de la droga. La violencia es la forma de solucionar los conflictos entre actores de las redes de cooperación. Esta se aumenta cuando existe un navigate here cambio en this contact form el poder político que establece otras reglas de juego en la lucha contra las drogas ilícitas que afectan los arreglos de cooperación entre los actores del crimen transnacional y los agentes estatales.
Sin embargo, de manera muy paradójica, solo recientemente esta porosidad se ha vuelto objeto legítimo de estudio para los cientistas sociales. Como ha señalado Gabriel Zaid en El progreso
La ley holandesa garantiza a cualquier persona detenida en custodia el derecho a un abogado. Este derecho se garantiza desde el momento en que la persona es detenida.
En Países Bajos, el abogado también tiene el derecho a visitar al detenido en su celda y a comunicarse con él en privado. Además, el abogado tiene el derecho de presentar pruebas en nombre de su cliente y de participar en todas las audiencias relacionadas con el caso.